Es un deber profesional básico de los trabajadores autónomos cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, como trabajador autónomo, deberá cumplir con la coordinación de actividades empresariales.

Cada persona trabajadora recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

Las personas trabajadoras han de recibir información de los riesgos para su seguridad y la salud en el trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención y las medidas de emergencia.

La planificación de la actividad preventiva es el documento que recoge y programa las medidas preventivas que se han de llevar a cabo a partir de los riesgos identificados derivados de la evaluación, con objeto de eliminarlos, controlarlos y/o reducirlos.

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Esta evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a identificar y estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

El empresario, en su deber de protección, garantizará la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, para ello realizará un plan de prevención de riesgos laborales en donde recoja como se integra la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa , tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta.